Imputan a asesor de Agustín Alonso corrupción por pagar 21 millones por contrato fantasma

Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía Anticorrupción informó que judicializó la carpeta de investigación contra Jorge “N” ex secretario de Hacienda del Gobierno de Morelos, y le imputó los delitos de Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones.

La fiscalía le imputa que presuntamente pagó 21 millones 735 mil pesos, por la compra de papelería de forma irregular, pues no existió un contrato que validara la transacción, ni evidencia de que los bienes existieron.

Jorge, asesoraba al diputa local Agustín Alonso, en la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso Local, y aceptó que lo asesoraba en el tema de la Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos del estao.

También le imputó a Armando “N” ex tesorero de la anterior administración estatal, le atribuye el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, ya que presuntamente no evitó que se realizaran diversos pagos a la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V., pese a que no se justificaban los pagos realizados a dicha empresa.

Por esta misma comisión delictiva fueron imputados Jorge “N” ex subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Carlos “N” ex director General de Presupuesto y Gasto Público, debido a que por el cargo que ostentaban, cada uno tenía la obligación de controlar el gasto público conforme a la normatividad aplicable.

Se informó que la audiencia de imputación se celebró en la sala 4 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el lunes 14 de marzo de 2022, la cual tuvo una duración de casi 11 horas, en donde a decir de la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 30 datos de prueba, documentales y testimoniales, para demostrar que los ex servidores públicos presuntamente cometieron los delitos señalados, ya que autorizaron 76 pagos a la empresa referida, durante el año 2017 para erogar un total de 21 millones 735 mil pesos.

A solicitud de la agente del Ministerio Público, el Juez impuso a los imputados, las medidas cautelares de firma periódica mensual y la prohibición de salir del país. Además concedió 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso.