Niega penal de Atlacholoaya acceso a visitadores de CNDH

Redacción NN|Xochitepec, Mor., 18 de agosto. – Autoridades de Reinserción Social de Morelos negaron el acceso a visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al penal de Atlacholoaya, quienes se disponían a ingresar a realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.

Los visitadores Humberto Pettit Gutiérrez, jefe de Departamento y Marta Patricia Orozco Pérez, directora del Área de Supervisión adscritos a la Tercera Visitaduría General de la CNDH expusieron que alrededor de las 10:30 horas de este dia, se presentaron en el área de cortina del Centro de Reinserción Social Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, en Xochitepec, donde fueron atendidos por Lilina Rios Gómez, abogada de la Subdirección Jurídica del lugar, quien les dijo que por instrucciones de Lluvia Oregón Bartolo, encargada de Despacho del Cereso que no se permitiría su ingreso debido que “no fue notificado el oficio”.

Lo anterior a pesar que tanto la Ley de la CNDH como la Ley Nacional de Ejecución Penal los Faculta para ingresar en todo momento, por lo que tal situación podría consumar un delito de acuerdo al artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución penal que refiere:

“La obstrucción de la labor del personal judicial, de las personas visitadoras de los organismos públicos de protección de los derechos humanos, de las defensoras, del Ministerio Público y de las observadoras será sancionada administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable”.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria se realiza de manera sorpresiva y aleatoria, con el objeto de verificar las condiciones que prevalecen en los centros penitenciarios del país.

Desde finales de 2019 a la fecha, se han registrado al menos una decena de enfrentamientos al interior del penal que han dejado 18 muertos y 24 heridos, acorde a las cifras oficiales dadas a conocer por la propia Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, de quien depende el sistema de reinserción social.

Lo anterior se suma a una serie de acusaciones realizadas por las propias personas privadas de la libertad (PPL), familiares de éstos y personal tanto administrativo como de custodia, quienes han señalado una serie de anomalías, presuntamente ordenadas y toleradas desde el coordinador general del sistema Jorge Israel Ponce de León Borquez, sin que medie sanción alguna en su contra, a pesar de los muertos y heridos bajo su custodia.

Entre las denuncias realizadas se encuentra, la presunta venta de narcóticos al interior del penal, prostitución obligada, acoso, golpizas, protección de los custodios hacia determinados PPL y extorsiones, entre otras anomalías